En política económica hubo importantes reformas. El visitador general José de Gálvez descubrió los elementos que frenaban el desarrollo de la minería, por lo que organizó a los mineros en gremios con un tribunal propio. El fuero del Tribunal de Minería les permitió separarse del Tribunal del Consulado, controlado por los grandes comerciantes de la ciudad de México.

Esta institución promovió un aumento en la producción de plata, impulsada por factores que favorecieron ampliamente a los mineros, como la creación de la Escuela de Minería de la Ciudad de México, que pretendía elevar la calidad técnica.

Se redujo el precio del azogue, se mejoraron los sistemas de extracción modernizando la tecnología de fundición y se elevó la calidad de producción reduciendo el costo de los procesos extractivos. Tanto en las minas de Guarizamey, como en Sombrerete, Guanajuato y Taxco se introdujo la tecnología más moderna, que elevó considerablemente su producción de plata.

José de Gálvez realizó un informe detallado del estado en que se encontraba Nueva España, para emprender en el momento oportuno las reformas que se pretendían. Los primeros pasos fueron el aumento de impuestos y el fortalecimiento militar de las provincias.

En 1776 se expulsó del reino a los miembros de la Compañía de Jesús, y aunque en Durango hubo levantamientos de protesta, resultaron mínimos debido al fuerte resguardo militar de los sacerdotes.

La creación de la Real Ordenanza de Intendentes, en diciembre de 1786, trajo como consecuencia una nueva estructuración política de las posesiones de Nueva España. La división territorial propuesta y la creación de las comandancias generales facilitaron el control administrativo de las diversas regiones. Así nació la Comandancia General de las Provincias Internas, que tenía bajo su jurisdicción la Intendencia de la Nueva Vizcaya, formada por dos gobernaciones: Durango y Chihuahua.

Con las reformas borbónicas, el comercio quedó bajo el monopolio de los grandes comerciantes de la capital del virreinato. Sin embargo, el control de las mercancías no era el único problema para abastecer a las lejanas provincias norteñas, ya que la inseguridad, la falta de caminos o su mal estado hacía más difícil y encarecía el transporte de mercadería.

Aunque las provincias internas eran prácticamente autosuficientes, la producción de artículos de lujo estaba en manos de los comerciantes de la ciudad de México, quienes establecían las condiciones para abastecer las regiones mineras.

En Durango, hacia fines del siglo XVIII, la venta se realizaba generalmente en tres formas: a través de tiendas provinciales, que eran sucursales de los almacenes de la capital; mediante compromisos por correspondencia, donde los grandes comerciantes fijaban las condiciones de suministro y pago de los productos, y a través de los comerciantes ambulantes que ofrecían sus mercancías a crédito.